Andalucía Libre de Fracking

LA PLATAFORMA SEVILLA LIBRE DE FRACKING (PSLF) DENUNCIA PUBLICAMENTE A LA JUNTA DE ANDALUCIA POR SU ACTITUD DILATORIA Y OPACA EN RELACION AL PERMISO DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS (PIH) PENÓLOPE.

El proximo 18 de Mayo se cumplirá el 3er. aniversario de la publicación, en el BOJA, de la concesión del PIH PENOLOPE a la empresa OIL & GAS CAPITAL, SL. El citado permiso de investigación PENÓLOPE afecta a 19 municipios del Aljarafe Sevillano y desde la creación de la PALF (Plataforma Andalucia Libre de Fracking, en la que están integradas las diferentes plataformas antifracking sevillanas), allá por febrero del 2013, la administración autonómica ha venido manteniendo una actitud opaca y dilatoria que, en la última reunión mantenida, en febrero de 2015, pasó a ser claramente obstrucionista.

Ante la actitud contradictoria de la administración andaluza que, de una parte, desarrolla una ley de transparencia y de acceso a la información y, por otra parte, niega la citada información a quienes la solicitamos, las diferentes plataformas locales antifracking (Camas, Gerena, Sevilla, Salteras...) integradas en la PSLF, decidimos lanzar una campaña ciudadana de protesta activa bajo el lema: "EXIJE INFORMACION, ES TU DERECHO", para que fuera la propia ciudadanía sevillana la protagonista de la petición de información ante la administración andaluza

Así pues, el tercer aniversario de la publicación en el BOJA, del citado PIH PENOLOPE, el proximo 18 de mayo, ha sido elegido como fecha propicia para registrar en la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM) las primeras cientos de peticiones de información que, individualmente, sevillanos y sevillanas, personas afectadas directamente por el permiso PENÓLOPE, reclaman a la administración andaluza.

El registro de firmas en la DGIEM irá precedido por una rueda de prensa en la que intervendrán diferentes miembros de la PSLF y de colectivos, como Ecologistas en Acción y Greenpeace, que colaboran con la pkataforma sevillana antifracking.

La cita será en:
Dirección General de Industria, Energía y Minas
Calle Johannes Kepler,1. Isla de la Cartuja
41092 – Sevilla

Fecha y Hora: 18/5/15 a las 11:00

AL CUMPLIRSE EL TERCER AÑO DE VIGENCIA, LA PJALF DENUNCIA LA ACTUAL SITUACIÓN DE ILEGALIDAD DE LOS PERMISOS ULISES 2 Y 3 DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS EN JAÉN Y EXIGE SU INMEDIATA DEROGACIÓN

Tres años después de la puesta en marcha de los permisos, no se han desarrollado los trabajos previstos a partir del tercer año de vigencia de los mismos, por lo que son nulos de pleno derecho, según denuncia la PJALF, que en el tercer aniversario de esta amenaza para la población de toda Andalucía hace un llamamiento a las fuerzas políticas para una amplia alianza con vistas a conseguir los objetivos de este movimiento ciudadano.

Jaén, 18 de mayo de 2015

Hoy cumplimos un triste aniversario. El 18 de mayo los permisos Ulises 2 y Ulises 3 de exploración de hidrocarburos (fracking) cumplen tres años desde su publicación en BOJA. Entramos en el cuarto año. A pesar de la toma de conciencia de un buen número de ciudadanos de Jaén, articulados en torno a la Plataforma provincial Jaén Libre de Fracking y las diversas plataformas locales de Torreperogil, Jódar, Jaén, Úbeda, Puente del Obispo, Lupión y Porcuna, y de la lucha que éstas han mantenido, la situación sigue igual que el primer día: el gobierno andaluz se enroca en su postura y el proceso sigue adelante, en un claro intento de alcanzar un punto irreversible desde el que ya no se pueda acabar con esta amenaza de grandes proporciones que acecha a las comarcas de la Loma, Sierra Mágina, el Alto Guadalquivir, Sierra de Cazorla y corredor del Guadiana menor (y en un futuro, si el proceso de autorización de los permisos Himilce 1, 2 y 3 sigue adelante, también a las comarcas de Sierra Morena y el Condado).

Hay que tener en cuenta que la destrucción de las citadas comarcas supone una agresión directa y letal contra la cabecera del Guadalquivir, que es la columna vertebral ecológica, social, cultural y económica de Andalucía. Cualquier proceso que afecte a la cabecera del Guadalquivir supone una agresión directa a la comunidad autónoma más poblada de España en su conjunto, con las correspondientes consecuencias catastróficas para más de nueve millones de habitantes (condena de una de las regiones agrícolas más fértiles de Europa, destrucción de las pesquerías de la bahía de Cádiz, esenciales en la actividad económica de todo un continente, ruina de un patrimonio etnográfico y cultural único en el mundo e inicio de un nuevo proceso de migración masiva, por poner algunos ejemplos)

Curiosamente, hace unos días la señora presidenta en funciones de la Junta de Andalucía intentaba eludir su propia responsabilidad en la gestión de los asuntos de la Comunidad dejando caer que si se sigue dilatando el proceso para el nombramiento de un nuevo presidente pueden verse paralizados servicios básicos como la Salud o la Educación, olvidando añadir que eso supondría un abandono claro y delictivo de sus funciones, pues la propia legislación autonómica establece como obligación esencial de un gobierno en funciones el mantenimiento de los servicios públicos básicos.

No está tan claro, sin embargo, que sin ningún argumento que justifique su urgencia se tomen por parte de un gobierno en funciones decisiones estratégicas sobre política minera o energética que pueden comprometer el futuro de un buen número de comarcas, tal como se hizo en relación con los citados permisos para fracturación hidráulica, más aún cuando a muy corto plazo, y dados los resultados electorales recién obtenidos, en abril de 2012 se preveía un acuerdo de gobierno con otra fuerza política o, con alta probabilidad, la pérdida del gobierno, que pasaría a manos de una tercera fuerza que en aquel momento había sido la más votada.

Nos referimos a lo ocurrido el 10 de abril de 2012, cuando, tras las elecciones del 25 de marzo anterior, en la que el Partido Popular fue la fuerza más votada en Andalucía, y unas semanas antes de que tomase forma el pacto de gobierno del PSOE con Izquierda Unida, el 3 de mayo, el Consejo del Gobierno en funciones del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía en solitario tomó la decisión de aprobar la concesión de los permisos Ulises 2 y 3 de fracturación hidráulica, sin esperar a que en breves fechas un nuevo gobierno, que con toda seguridad ya no podrían desempeñar ellos en solitario, tomase la decisión que estimase pertinente en un asunto de tan vital importancia. Así se perpetró, con nocturnidad y alevosía, una agresión a nuestras comarcas que extiende sus consecuencias a todos los andaluces y sigue colgando como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas tres años después.

Durante los últimos dos años la lucha continuada y sin tregua contra estos permisos por parte de la PJALF ha sido recibida con una actitud de prepotencia y opacidad absoluta por parte de la Administración andaluza, cuando no a través de manifestaciones claramente hostiles hacia las diferentes plataformas locales que han ido uniéndose en la lucha por parte de diversos cargos políticos autonómicos, provinciales o locales del PSOE, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del señor Secretario General del PSOE en Torreperogil, y actual candidato a la alcaldía por ese municipio y partido, quien en repetidas ocasiones ha cargado contra los ciudadanos torreños integrantes de esta plataforma local.

A lo largo de todo este proceso se ha obviado por parte de la administración, desde el primer momento, la afección de los permisos Ulises 2 y 3 sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico en su zona de actuación. Primeramente, sin notificar en ningún momento la existencia de los mismos y sus posibles consecuencias a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y a su Delegación territorial de Jaén. Además, en el Decreto 86/2012, de 10 de abril, se menciona que: “… desde mayo del 2014 y durante los restantes años se realizará un sondeo exploratorio cada año (dentro de los procesos de investigación)…”. Lo cual significa que existe realmente la posibilidad de movimientos de tierras durante esta última fase de actividad de investigación, que ya está en marcha, y puede suponer la destrucción intencionada del riquísimo patrimonio arqueológico y paleontológico existente en una zona única en Europa. Por otra parte, al haber movimiento de tierras con los pozos exploratorios se debería cumplir el Reglamento de Actividades Arqueológicas, que obliga a los profesionales de la arqueología, y de la misma forma debería obligar a cualquier iniciativa industrial susceptible de ponerse en marcha en la zona.

Por otra parte, teniendo en cuenta que durante el mes de marzo de 2014 la UNESCO hizo un llamamiento internacional en el sentido de que no se debía tolerar ningún tipo de actividad relacionada con los hidrocarburos en lugares declarados Patrimonio de la Humanidad (cómo Úbeda y Baeza, sobre cuyo término municipal se llevarán a cabo los permisos Ulises 2 y 3, e incluso el propio paisaje del olivar, que ocupa la mayor parte de las zonas afectadas y tiene abierto un expediente en la UNESCO para ser declarado Patrimonio de la Humanidad ), y el hecho de que hoy todo el mundo defiende que la arqueología es mucho más que un conjunto de espacios monumentales o espectaculares, sin embargo encontramos que no se contemplan medidas reales para su protección y se prevé poner en marcha campañas de reflexión sísmica e incluso sondeos que pueden acabar con uno de los mayores y más variados conjuntos arqueológicos existentes en Europa, la mayor parte de cuyos yacimientos están aún por explorar, ignorando sistemáticamente su valor científico indiscutible para aportar conocimiento sobre nuestra memoria colectiva.

Tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 22 de marzo de 2015, el panorama del Parlamento andaluz ha cambiado radicalmente. En el mismo han aparecido nuevas fuerzas políticas que durante la campaña electoral se pronunciaron directamente contra la fracturación hidráulica y por la derogación (resolución jurídica) de los permisos Ulises 2 y 3 en Jaén, así como Penélope en Sevilla (que fueron aprobados simultáneamente). Y no es casualidad que este terremoto político haya sido especialmente claro en poblaciones como Jódar o Torreperogil, auténticos centros neurálgicos del movimiento ciudadano contra los permisos de fracturación.

Por eso, desde la PJALF, pedimos a dichas fuerzas políticas que conviertan la lucha contra la fracturación hidráulica, cuyos efectos perjudiciales sobre la salud, el clima, la tierra, los acuíferos, el aire, el medio ambiente, el equilibrio sísmico, el patrimonio y la economía han sido ya más que demostrados por multitud de estudios científicos y están provocando una cascada de prohibiciones de esta técnica en diversos estados de USA, donde se vendió en su momento como la gran esperanza energética y ha demostrado ser una condena terrible, en un objetivo prioritario de su agenda política y una condición ineludible para facilitar cualquier nuevo gobierno en Andalucía, que como movimiento ciudadano entendemos que debe pasar, por encima de todo, por un mayor respeto a la ciudadanía, un auténtico compromiso con la supervivencia de los andaluces y el destierro de la prepotencia que hemos sufrido en nuestras propias carnes durante los últimos dos años, sintiéndonos en una situación de indefensión insostenible. Por supuesto, estamos a disposición de las fuerzas políticas que se comprometan con el fin de esta pesadilla para compartir nuestra información y nuestras exigencias, y para poner en marcha cualquier iniciativa tendente a la consecución de nuestros objetivos.

Estamos en un momento crítico. El BOJA del 18 de mayo, en que se publicaba el Decreto 86/2012 de 10 de abril, por el que se otorga a Oil & Gas Capital, S.L., los permisos de investigación de hidrocarburos Ulises 2 y Ulises 3, recoge en su artículo segundo, punto 3, que durante los años tercero a sexto del citado permiso “se realizará un sondeo exploratorio en cada año o, en su defecto, se adquirirán nuevos perfiles de sísmica de reflexión”. Se establece también que “el presupuesto anual y por cada permiso durante este período será de 800.000 euros, con un total anual de 1.600.000 euros”. Finalmente, se insiste taxativamente en que “tanto los trabajos mencionados, como las inversiones, tienen carácter de mínimos”. Hasta donde sabemos por las manifestaciones de la propia administración autonómica, no se ha realizado ninguno de los trabajos mínimos a los que la empresa se comprometía ya desde el tercer año durante este período: ni se ha verificado ninguna campaña de reflexión sísmica ni se ha abierto ningún pozo de exploración. Por tanto, consideramos que legalmente los citados permisos son ya nulos de pleno derecho, una vez cumplido el plazo establecido sin que se llevasen a cabo los trabajos previstos.

La alternativa es bastante inquietante. Si, por el contrario, se han realizado los trabajos previstos a espaldas de la ciudadanía, y a pesar de las constantes manifestaciones de diversos cargos políticos andaluces asegurando a los ciudadanos que no se había llevado a cabo ninguno de estos trabajos, nos estaríamos enfrentando a la comisión de todo un abanico de delitos ligados a la omisión del deber de informar a la población de asuntos relacionados tan directamente con sus intereses.

Por todo ello, es necesario que esta cuestión se ponga en el primer plano de la agenda política andaluza desde hoy mismo, porque nos encontramos, si no se procede a la inmediata resolución jurídica de los permisos Ulises 2 y 3, en un escenario de flagrante ilegalidad que es insostenible en una sociedad democrática. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que acompañen al movimiento ciudadano asambleario integrado en la Plataforma Jaén Libre de Fracking a poner en marcha nuestras principales exigencias de forma inmediata, por una Andalucía Libre de Fracking:

Resolución jurídica (derogación) inmediata de los permisos Ulises 2 y 3 en Jaén, así como Penélope en Sevilla.
Suspensión instantánea de cualquier trabajo de investigación que actualmente pueda estar en marcha en dichos permisos.
Paralización fulminante del procedimiento de concesión de nuevos permisos de investigación de hidrocarburos en diversas comarcas a lo largo del valle del Guadalquivir (Himilce 1, 2 y 3 en Jaén, Lola 1 y 2 en Córdoba, Penélope Este en Sevilla, Albero en Sevilla-Cádiz, etc.)
Promulgación a muy corto plazo de una ley de prohibición de la fracturación hidráulica en Andalucía, que contemple un régimen sancionador severo ante cualquier infracción de la norma, siguiendo los modelos de legislaciones ya aprobadas en otras comunidades autónomas y a la vista del reciente respaldo del Tribunal Constitucional a la normativa catalana.
Apuesta decidida y urgente por las energías renovables limpias y no contaminantes, única alternativa viable si queremos evitar los efectos catastróficos que el mantenimiento del modelo energético fósil ya está teniendo sobre nuestra comunidad autónoma (uno de los puntos más frágiles en el avance del cambio climático) y propiciar un nuevo modelo energético viable y sostenible. No olvidemos que el propio Estatuto de autonomía para Andalucía establece que la política energética es una competencia compartida por las administraciones central y autonómica, por lo que la Junta de Andalucía no puede seguir escurriendo el bulto con el argumento de que el gobierno central impide una política energética alternativa.
Un nuevo modelo de gestión del agua en nuestra comunidad, por ser éste un recurso escaso y valioso, de cuya adecuada administración y tutela depende nuestro futuro a corto y largo plazo.

Mientras tanto, y a la espera de una respuesta por parte de todas las fuerzas políticas, la Plataforma Jaén Libre de Fracking sigue adelante con su calendario de movilizaciones, del que en próximos días se dará debida cuenta a los medios de comunicación, salvo que haya al fin un cambio radical de escenario. ¡Por una Andalucía libre de Fracking, ya!